El 18 de noviembre, como parte de su primer viaje al exterior como presidenta electa, Cristina de Kirchner se reunió en Brasilia con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva y en la agenda bilateral no faltó una bien desempolvada carpeta: la que contiene el proyecto de construcción de la represa de Garabí. Según los señalado por las diplomacias de uno y otro país, el tema será tratado durante la próxima cúpula de presidentes del Mercosur, el 18 de diciembre en Montevideo, Uruguay. La presidenta electa afirmó que en el encuentro se avanzó en “la profundización de la asociación estratégica” entre las dos naciones y todo hace suponer que el proyecto Garabí viene pisando fuerte. Tan fuerte que, a la semana siguiente, representantes de los gobiernos de las provincias de Misiones y Corrientes junto a autoridades de la Unión Industrial Argentina y de la Federación de Industrias de Brasil se reunieron en la sede nacional de la UIA para manifestar su respaldo a la construcción de la represa. Es una pena que la sucesora al trono familiar no aprendiera nada de su paso por Yaciretá porque, de otro modo, sabría que tiene un nuevo conflicto social y ambiental en puerta. Y al igual que con las pasteras, sobre las márgenes del río Uruguay…
Las dos represas de Garabí (de 800 MW cada una) se localizarían en áreas correspondientes a las provincias de Corrientes y Misiones en La Argentina y el estado de Río Grande do Sul en Brasil, en cercanías de las ciudades argentinas de Apóstoles y Gobernador Virasoro y de la brasileña Sao Nicolau. Generarían, con un embalse de 22.000 ha, algo menos que Salto Grande, es decir un 9% del consumo actual de La Argentina y costarían alrededor de 1700 millones de dólares.
La “doctrina del shock”, que tan bien definió en su nuevo libro la periodista Naomí Klein y que ocupó una de nuestras notas del programa pasado, encaja perfectamente cuando del tema represas se trata: el proyecto Garabí forma parte de una abultada carpeta que los dictadores verde oliva siempre llevaron bajo sus axilas y que las democracias formales retoman. El primer acuerdo binacional acerca del potencial hidroeléctrico del río Uruguay fue firmado por Agua y Energia Eléctrica de La Argentina y ELETROBRAS del Brasil en Marzo de 1972, en plena dictadura de Agustín Lanusse. Los estudios de “factibilidad” económica y técnica fueron presentados en 1977, bajo las botas de Jorge Rafael Videla y el diseño básico se preparó en Marzo de 1981 con Roberto Viola empuñando la presidencia.
La “renacida” democracia archiva el proyecto hasta que Menem, en 1996, firma con su par brasileño, Fernando Henrique Cardoso, un convenio de integración energética ratificando la construcción del proyecto hidroeléctrico de Garabi. Los antecedentes no son los mejores. Curiosamente, tanto Menem como Kirchner aprovecharon las conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para relanzar los planes energéticos de la última dictadura basados en la construcción de grandes represas hidroeléctricas y centrales nucleares como si se tratara de una forma “limpia” de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, este tipo de proyectos está muy lejos de tratarse de planes soberanos. Garabí es uno de los proyectos que conforman la llamada “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica” (IIRSA) que posee un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) formado por los Ministros de Infraestructura de los países miembros y un Comité de Coordinación Técnica (CCT) integrado fundamentalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, como es usual, impulsa fuertemente sus políticas a través de préstamos que financian sus proyectos. El Banco Mundial, aunque no forma parte del CCT, ha financiado proyectos IIRSA. La arquitectura del BID orienta los proyectos de IIRSA a obras de infraestructura que permitan abrir el corazón del continente a los mercados del mundo facilitando la extracción sus recursos naturales.
Como si fuera poco, la representante argentina en el CDE es, nada menos que, Graciela Oporto la, por ahora, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública que hasta la explosión del escándalo Skanska, el 22 de mayo de este año, trabajaba a las órdenes del Subsecretario de Obras Públicas, el pampeano Raúl Rodríguez, quien dependía de José López, segundo del multidenunciado Ministro de Planificación, Don Julio De Vido. Dentro de las ramificaciones del caso Skanska se encuentra la que vincula a Rodríguez con la construcción del Acueducto del Río Colorado, en La Pampa, emprendimiento presentado por el ex gobernador Rubén Marín como “la obra del siglo”. La obra se licitó en 132 millones de pesos y Marín se la adjudicó al empresario duhaldista Victorio Américo Gualtieri quien incumplió gravemente el contrato. En el 2001, sin mediar licitación alguna, Marín se la otorgó a la UTE Skanska-Techint: su primer tramo, que se demoró seis años más de lo pactado, terminó costando 520 millones. En ese entonces, la Secretaria General de Planeamiento de Rubén Marín, era Graciela Oporto testigo preferencial del escándalo del acueducto y quien trajera de la mano a Raúl Rodríguez para acomodarlo en el gabinete K. Evidentemente, Graciela Oporto es toda una garantía para asegurar que los costos de las represas de Garabí no se “desborden” como en todas las obras de este tipo.
La gente sabe lo que este tipo de emprendimientos produce. En Misiones, casi el 90% de la población le dijo NO a la construcción de Corpus en el plebiscito vinculante de 1996. ¿Por qué ahora le diría que sí a Garabí? En 1997, la presión de muchas ONGs derivó en la sanción de una Ley Anti-Represas en la provincia de Entre Ríos.
Como decíamos al principio, es una lástima que quien se autoproclama un “cuadro político” del peronismo ignore las consecuencias nefastas que en términos sociales y ambientales producen las grandes represas. Con el sano ánimo de poner estas líneas al servicio de la “educación presidencial”, nos permitimos recordarle a Cristina Fernández un párrafo significativo de la llamada “Declaración de Curitiba” que se redactara el 14 de marzo de 1997 como conclusión del "Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas" realizado en esa ciudad brasileña: "En todas partes las represas expulsan a la gente de sus hogares, inundan tierras fértiles y bosques, destruyen la pesca y el abastecimiento de agua limpia, y provocan la desintegración cultural y el empobrecimiento económico de las comunidades locales. Millones de personas están sufriendo hoy en todo el mundo a causa de las represas. En todas partes hay un enorme abismo entre los beneficios económicos y sociales prometidos por los constructores de represas y lo que muestra la realidad una vez terminadas. Las represas siempre han costado más de lo que se proyectó. Las represas no controlan las inundaciones; pero pueden hacerlas más destructivas. Es necesario manejar los recursos del agua de modo participativo y sustentable."
¿Por qué no evitarse un nuevo conflicto social y ambiental? ¿Tanto dinero e intereses hay en juego? ¿Desconoce Cristina K estos antecedentes? Creemos que debería conocerlos…
M. S.
Las dos represas de Garabí (de 800 MW cada una) se localizarían en áreas correspondientes a las provincias de Corrientes y Misiones en La Argentina y el estado de Río Grande do Sul en Brasil, en cercanías de las ciudades argentinas de Apóstoles y Gobernador Virasoro y de la brasileña Sao Nicolau. Generarían, con un embalse de 22.000 ha, algo menos que Salto Grande, es decir un 9% del consumo actual de La Argentina y costarían alrededor de 1700 millones de dólares.
La “doctrina del shock”, que tan bien definió en su nuevo libro la periodista Naomí Klein y que ocupó una de nuestras notas del programa pasado, encaja perfectamente cuando del tema represas se trata: el proyecto Garabí forma parte de una abultada carpeta que los dictadores verde oliva siempre llevaron bajo sus axilas y que las democracias formales retoman. El primer acuerdo binacional acerca del potencial hidroeléctrico del río Uruguay fue firmado por Agua y Energia Eléctrica de La Argentina y ELETROBRAS del Brasil en Marzo de 1972, en plena dictadura de Agustín Lanusse. Los estudios de “factibilidad” económica y técnica fueron presentados en 1977, bajo las botas de Jorge Rafael Videla y el diseño básico se preparó en Marzo de 1981 con Roberto Viola empuñando la presidencia.
La “renacida” democracia archiva el proyecto hasta que Menem, en 1996, firma con su par brasileño, Fernando Henrique Cardoso, un convenio de integración energética ratificando la construcción del proyecto hidroeléctrico de Garabi. Los antecedentes no son los mejores. Curiosamente, tanto Menem como Kirchner aprovecharon las conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para relanzar los planes energéticos de la última dictadura basados en la construcción de grandes represas hidroeléctricas y centrales nucleares como si se tratara de una forma “limpia” de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, este tipo de proyectos está muy lejos de tratarse de planes soberanos. Garabí es uno de los proyectos que conforman la llamada “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica” (IIRSA) que posee un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) formado por los Ministros de Infraestructura de los países miembros y un Comité de Coordinación Técnica (CCT) integrado fundamentalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, como es usual, impulsa fuertemente sus políticas a través de préstamos que financian sus proyectos. El Banco Mundial, aunque no forma parte del CCT, ha financiado proyectos IIRSA. La arquitectura del BID orienta los proyectos de IIRSA a obras de infraestructura que permitan abrir el corazón del continente a los mercados del mundo facilitando la extracción sus recursos naturales.
Como si fuera poco, la representante argentina en el CDE es, nada menos que, Graciela Oporto la, por ahora, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública que hasta la explosión del escándalo Skanska, el 22 de mayo de este año, trabajaba a las órdenes del Subsecretario de Obras Públicas, el pampeano Raúl Rodríguez, quien dependía de José López, segundo del multidenunciado Ministro de Planificación, Don Julio De Vido. Dentro de las ramificaciones del caso Skanska se encuentra la que vincula a Rodríguez con la construcción del Acueducto del Río Colorado, en La Pampa, emprendimiento presentado por el ex gobernador Rubén Marín como “la obra del siglo”. La obra se licitó en 132 millones de pesos y Marín se la adjudicó al empresario duhaldista Victorio Américo Gualtieri quien incumplió gravemente el contrato. En el 2001, sin mediar licitación alguna, Marín se la otorgó a la UTE Skanska-Techint: su primer tramo, que se demoró seis años más de lo pactado, terminó costando 520 millones. En ese entonces, la Secretaria General de Planeamiento de Rubén Marín, era Graciela Oporto testigo preferencial del escándalo del acueducto y quien trajera de la mano a Raúl Rodríguez para acomodarlo en el gabinete K. Evidentemente, Graciela Oporto es toda una garantía para asegurar que los costos de las represas de Garabí no se “desborden” como en todas las obras de este tipo.
La gente sabe lo que este tipo de emprendimientos produce. En Misiones, casi el 90% de la población le dijo NO a la construcción de Corpus en el plebiscito vinculante de 1996. ¿Por qué ahora le diría que sí a Garabí? En 1997, la presión de muchas ONGs derivó en la sanción de una Ley Anti-Represas en la provincia de Entre Ríos.
Como decíamos al principio, es una lástima que quien se autoproclama un “cuadro político” del peronismo ignore las consecuencias nefastas que en términos sociales y ambientales producen las grandes represas. Con el sano ánimo de poner estas líneas al servicio de la “educación presidencial”, nos permitimos recordarle a Cristina Fernández un párrafo significativo de la llamada “Declaración de Curitiba” que se redactara el 14 de marzo de 1997 como conclusión del "Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas" realizado en esa ciudad brasileña: "En todas partes las represas expulsan a la gente de sus hogares, inundan tierras fértiles y bosques, destruyen la pesca y el abastecimiento de agua limpia, y provocan la desintegración cultural y el empobrecimiento económico de las comunidades locales. Millones de personas están sufriendo hoy en todo el mundo a causa de las represas. En todas partes hay un enorme abismo entre los beneficios económicos y sociales prometidos por los constructores de represas y lo que muestra la realidad una vez terminadas. Las represas siempre han costado más de lo que se proyectó. Las represas no controlan las inundaciones; pero pueden hacerlas más destructivas. Es necesario manejar los recursos del agua de modo participativo y sustentable."
¿Por qué no evitarse un nuevo conflicto social y ambiental? ¿Tanto dinero e intereses hay en juego? ¿Desconoce Cristina K estos antecedentes? Creemos que debería conocerlos…
M. S.
Programa del 6 de diciembre de 2007
1 comentario:
Hola.Soy un ciudadano de Misiones indignado y desilusionado de la política energética de este gobierno.Considero q una represa más destruiría lo que queda del ecosistema de la selva paranaense,que una vez fue la mas grande de sudamérica y hoy apenas sobrevive por la ineptitud y la falta de compromiso social y politico del estado nacional y provincial.Estamos destruyendo nuestro futuro con estos proyectos inconsultos y movimientos espasmódicos sin coherencia ni sentido común.Ya tuvimos la nefastísima experiencia de Yacyretá y encima van por más.Pregúntenle a los relocalizados de la EBY cómo están viviendo hoy,expulsados en forma brutal de su hábitat y tirados en complejos habitacionales hechos con materiales de tercera clase y alejadísimos del centro de la ciudad,aislados en un entorno hostil...dicen que el progreso tiene un costo,pero generalmente lo dice la gente que no lo sufre.A Misiones,la provincia más olvidada,expoliada,humillada y basureada le van a agregar un borrón más en su historia.Que Dios se lo demande,Sra. Fernández de Kirchner,Mr. Rovira y Sr. Maurice Closs.Lucas, de Posadas.-
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