El gobierno de Rumania vetó hace un par de semanas la producción de la variedad de maíz genéticamente modificado de la multinacional Monsanto. Rumania es el principal productor de maíz de la Unión Europea, con cerca de tres millones de hectáreas cultivadas por año. El veto del gobierno de Rumania se basa en estudios científicos desarrollados por la Unión Europea y que revelan los daños a la fauna y a la salud humana generados por esa variedad. La siembra y comercialización del maíz transgénico fueron aprobadas en Brasil el año pasado. En la Argentina, el maíz RR tiene su visa desde julio del 2004 gracias a los buenos oficios de Roberto Lavagna, el entonces Ministro de Economía de Néstor Kirchner.
Un informe elaborado por Greenpeace, en 2007, revela otro enorme problema causado por los transgénicos: la contaminación de semillas tradicionales al tener contacto con plantaciones de semillas genéticamente modificadas.
El informe “Registro de Contaminación Transgénica 2007” investigó 216 casos de contaminación genética en 57 países distintos desde que la siembra de transgénicos empezó a ser realizado para fines comerciales, hace más de diez años.
Cuando, a mediados de julio de 2004, Roberto Lavagna y el secretario de Agricultura, Miguel Campos anunciaban la autorización de uso del maíz RR patentado por Monsanto, se justificaron diciendo que la nueva semilla había pasado “largos y exigentes exámenes sanitarios”. Para Greenpeace, Lavagna se había ganado el mote de “empleado del mes” de la Monsanto habida cuenta de la enorme puerta de negocios que le abría a la corporación y que su consultora Ecolatina, propiedad de los Lavagna, tenía a la multinacional como uno de sus clientes. ¡Cuánta diferencia entre esa actitud y la del gobierno rumano que sí tuvo en cuenta los serios y numerosos informes que detallan los peligros del uso de transgénicos! [1]
Uno de los temas centrales de la reciente Conferencia de la ONU sobre Bioseguridad [2] que se desarrolló en Bonn, Alemania, estuvo relacionado precisamente con la llamada contaminación transgénica. Como en el resto de las Conferencias de la ONU las soluciones vienen muy por detrás del tsunami de la devastación ambiental. El "Registro de Contaminación Transgénica 2007", publicado por Greenpeace y el grupo GeneWatch UK, muestra un aumento de más del 50% en la contaminación de transgénicos en relación a 2006 [3].
La Argentina, por supuesto, devenida en un enorme laboratorio transgénico en manos de las corporaciones ha aportado sus propios eventos al referido registro. Uno de ellos tiene que ver con la aparición de malezas tolerantes al herbicida debido a la presión de selección ejercida por el RoundUp. Esto ha motivado a los productores sojeros a utilizar herbicidas cada vez más tóxicos y con peores efectos sobre la salud y el medio ambiente.
La Argentina ha servido como cabecera de playa para la introducción de los transgénicos en todos los países fronterizos, particularmente Brasil y Paraguay. Hacia el 2000, Monsanto sembró cantidades importantes de maíz RR de manera ilegal, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el tándem Kirchner-Lavagna. Monsanto había solicitado la aprobación de su maíz transgénico hacia 1999 y sin que le fuera concedido lo presentó en la feria ExpoChacra 2000.
Por esas casualidades, el actual Expoagro propiedad del Grupo Clarín y La Nación es la resultante de la fusión de ExpoChacra y FeriAgro. Además el Gerente General de Expoagro, José Aranda, es vicepresidente del Grupo Clarín y un patriarca sojero. El Director del Clarín Rural, Héctor Huergo, es un desembozado lobbista de las corporaciones de los agronegocios, entre ellas la Monsanto. Obviamente, para el suplemento rural del diario de los Noble el tema de la contaminación transgénica es virtualmente inexistente.
Desde los tiempos de Felipe Solá (Presidencia Menem), pasando por Antonio Berhongaray (Presidencia De la Rúa), Haroldo Lebed (interinato Duhalde) y Miguel Campos (Presidencia Kirchner), los vínculos entre Monsanto y los funcionarios de la Secretaria de Agricultura han sido muy estrechos.
En 1996, Felipe Solá firmó el decreto por el que se daba libre entrada a la producción de soja RR. En el noviembre del 2000, Fernando De la Rúa disolvió por decreto el Instituto Nacional de Semilla. Y en 2004, Kirchner cerró el círculo que posiciona a La Argentina como país forrajero con la autorización del maíz RR. Curiosamente, al primero de los secretarios de Agricultura de Duhalde, Rafael Delpech, anunciar que sancionaría duramente a la Monsanto por introducir ilegalmente maíz transgénico en La Argentina le costó el puesto. Llevarse bien con la súper corporación que controla el 90% de la producción transgénica mundial tiene sus ventajas…
La situación poco o nada le interesa a las clases políticas de toda laya pero es grave y se agrava. Desde su creación en 2005, el Registro de Contaminación Transgénica documentó 216 casos de contaminación accidental, provocada o generada ilegalmente por OGM en cosechas tradicionales desde 1996. El ritmo se incrementa año a año.
Aunque de manera muy general, la Conferencia de la ONU sobre Bioseguridad (MOP4) sentó las bases para que en el futuro los países que hayan visto dañados por el uso de transgénicos puedan pedir compensaciones a las corporaciones productoras. El acuerdo define sólo lineamientos para un futuro tratado que defina un régimen de responsabilidades y compensaciones vinculante. Por lo pronto, mientras la avanzada transgénica sigue arrasando la salud de cientos de millones y la biodiversidad de nuestro planeta se pierde a velocidad récord, las multinacionales ganaron un par de años más y seguirán sin rendir cuentas por sus “agronegocios”...
M.S.
Un informe elaborado por Greenpeace, en 2007, revela otro enorme problema causado por los transgénicos: la contaminación de semillas tradicionales al tener contacto con plantaciones de semillas genéticamente modificadas.
El informe “Registro de Contaminación Transgénica 2007” investigó 216 casos de contaminación genética en 57 países distintos desde que la siembra de transgénicos empezó a ser realizado para fines comerciales, hace más de diez años.
Cuando, a mediados de julio de 2004, Roberto Lavagna y el secretario de Agricultura, Miguel Campos anunciaban la autorización de uso del maíz RR patentado por Monsanto, se justificaron diciendo que la nueva semilla había pasado “largos y exigentes exámenes sanitarios”. Para Greenpeace, Lavagna se había ganado el mote de “empleado del mes” de la Monsanto habida cuenta de la enorme puerta de negocios que le abría a la corporación y que su consultora Ecolatina, propiedad de los Lavagna, tenía a la multinacional como uno de sus clientes. ¡Cuánta diferencia entre esa actitud y la del gobierno rumano que sí tuvo en cuenta los serios y numerosos informes que detallan los peligros del uso de transgénicos! [1]
Uno de los temas centrales de la reciente Conferencia de la ONU sobre Bioseguridad [2] que se desarrolló en Bonn, Alemania, estuvo relacionado precisamente con la llamada contaminación transgénica. Como en el resto de las Conferencias de la ONU las soluciones vienen muy por detrás del tsunami de la devastación ambiental. El "Registro de Contaminación Transgénica 2007", publicado por Greenpeace y el grupo GeneWatch UK, muestra un aumento de más del 50% en la contaminación de transgénicos en relación a 2006 [3].
La Argentina, por supuesto, devenida en un enorme laboratorio transgénico en manos de las corporaciones ha aportado sus propios eventos al referido registro. Uno de ellos tiene que ver con la aparición de malezas tolerantes al herbicida debido a la presión de selección ejercida por el RoundUp. Esto ha motivado a los productores sojeros a utilizar herbicidas cada vez más tóxicos y con peores efectos sobre la salud y el medio ambiente.
La Argentina ha servido como cabecera de playa para la introducción de los transgénicos en todos los países fronterizos, particularmente Brasil y Paraguay. Hacia el 2000, Monsanto sembró cantidades importantes de maíz RR de manera ilegal, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el tándem Kirchner-Lavagna. Monsanto había solicitado la aprobación de su maíz transgénico hacia 1999 y sin que le fuera concedido lo presentó en la feria ExpoChacra 2000.
Por esas casualidades, el actual Expoagro propiedad del Grupo Clarín y La Nación es la resultante de la fusión de ExpoChacra y FeriAgro. Además el Gerente General de Expoagro, José Aranda, es vicepresidente del Grupo Clarín y un patriarca sojero. El Director del Clarín Rural, Héctor Huergo, es un desembozado lobbista de las corporaciones de los agronegocios, entre ellas la Monsanto. Obviamente, para el suplemento rural del diario de los Noble el tema de la contaminación transgénica es virtualmente inexistente.
Desde los tiempos de Felipe Solá (Presidencia Menem), pasando por Antonio Berhongaray (Presidencia De la Rúa), Haroldo Lebed (interinato Duhalde) y Miguel Campos (Presidencia Kirchner), los vínculos entre Monsanto y los funcionarios de la Secretaria de Agricultura han sido muy estrechos.
En 1996, Felipe Solá firmó el decreto por el que se daba libre entrada a la producción de soja RR. En el noviembre del 2000, Fernando De la Rúa disolvió por decreto el Instituto Nacional de Semilla. Y en 2004, Kirchner cerró el círculo que posiciona a La Argentina como país forrajero con la autorización del maíz RR. Curiosamente, al primero de los secretarios de Agricultura de Duhalde, Rafael Delpech, anunciar que sancionaría duramente a la Monsanto por introducir ilegalmente maíz transgénico en La Argentina le costó el puesto. Llevarse bien con la súper corporación que controla el 90% de la producción transgénica mundial tiene sus ventajas…
La situación poco o nada le interesa a las clases políticas de toda laya pero es grave y se agrava. Desde su creación en 2005, el Registro de Contaminación Transgénica documentó 216 casos de contaminación accidental, provocada o generada ilegalmente por OGM en cosechas tradicionales desde 1996. El ritmo se incrementa año a año.
Aunque de manera muy general, la Conferencia de la ONU sobre Bioseguridad (MOP4) sentó las bases para que en el futuro los países que hayan visto dañados por el uso de transgénicos puedan pedir compensaciones a las corporaciones productoras. El acuerdo define sólo lineamientos para un futuro tratado que defina un régimen de responsabilidades y compensaciones vinculante. Por lo pronto, mientras la avanzada transgénica sigue arrasando la salud de cientos de millones y la biodiversidad de nuestro planeta se pierde a velocidad récord, las multinacionales ganaron un par de años más y seguirán sin rendir cuentas por sus “agronegocios”...
M.S.
Programa del 15 de mayo de 2008.
[1] “Argentina's bitter harvest (what GM soya has done for Argentina)”
Un post del artículo de Sue Branford en el número 2443 de New Scientist (17/abr/ 2004 se puede encontrar en
http://www.indymedia.org.uk/en/2004/04/289323.html
[2] La Conferencia de la ONU sobre Bioseguridad está basada en el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad que se adoptó en 2000 como un acuerdo suplementario a la Convención en Diversidad Biológica de Río de Janeiro del año 1992.
[3] GM Contamination Register Report 2007, by GeneWatch UK and Greenpeace Internationalhttp://www.gmcontaminationregister.org/index.php?content=nw_detail1
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