Según los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental” adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas través de su resolución 46/119, el 17 de diciembre de 1991, las instituciones psiquiátricas deberán disponer de los mismos recursos que cualquier otro establecimiento sanitario y, en particular, de personal médico y otros profesionales calificados en número suficiente y locales suficientes, para proporcionar al paciente la intimidad necesaria y un programa de terapia apropiada y activa; equipo de diagnóstico y terapéutico para los pacientes; atención profesional adecuada y un tratamiento adecuado, regular y completo, incluido el suministro de medicamentos [1]. La resolución de la ONU señala, además, que todas las instituciones psiquiátricas serán inspeccionadas por las autoridades competentes con una frecuencia suficiente para garantizar que las condiciones, el tratamiento y la atención de los pacientes se conformen a los principios detallados en la Resolución de la ONU. Un reciente informe de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires revela que en la otrora “Capital Federal” estos principios están muy lejos de ser cumplidos…
Diferentes informes generados por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) desde 2002 vienen alertando de los que podemos calificar como un escenario de colapso del sistema de salud mental estatal donde la ley se viola sistemáticamente. En el 2003, la investigación llevada a cabo por el AGCBA en hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad daba cuenta de “internaciones prolongadas innecesariamente (que) producen mayor deterioro en la salud mental y física del paciente, lo aíslan de su medio social y convierten su estado en crónico, además de atentar contra sus derechos humanos y sociales”. Por supuesto, el último informe vuelve sobre la “cronificación” de los enfermos que el sistema termina promoviendo contra lo que representa el principio de cualquier tratamiento psiquiátrico, es decir, reinsertar al paciente a la vida cotidiana.
El informe de la Auditoria da cuenta de situaciones como la de pacientes con conductas abusivas que están internados en salas con personas cuya estructura psicológica los expone a situaciones de riesgo, señala la falta de trabajo interdisciplinario para lograr la resocialización y la reinserción y las altas tasas de re-internaciones sucesivas (alrededor del 50%). Exceso de camas, hacinamiento en las salas dormitorios, obsolescencia edilicia y del equipamiento, instalaciones eléctricas obsoletas, goteras y filtraciones de los techos, humedad de cimientos y cañerías rotas, falta de vidrios en los ventanales y falta de sistemas de calefacción y de ventilación adecuados, cielorrasos a punto de colapsar y lozas con estructuras vencidas, graves falencias de accesibilidad y de seguridad son sólo algunos de los “detalles” señalados por la Auditoria respecto de las “bondades” del sistema de salud mental capitalino.
Sin embargo, detrás de esta calamidad se esconde otra: la de la corrupción. Contradicciones en sus registros estadísticos, registros patrimoniales poco confiables y un mal manejo del control del stock de los medicamentos son casi parte del folclore de los neuropsiquiátricos.
Si sumamos los pacientes del Borda, el Moyano y el Tobar García, la cifra de pacientes internados supera los 2300 y existe un centenar más repartido entre el Álvarez, el Alvear y el Piñero. Un 10% de los internados superan los 25 años de encierro y más de un 25% ya supera los 10 años de internación. Alrededor de un 17% siguen residiendo en los neuropsiquiátricos por falta de vivienda o una familia que los contenga. En este sentido, el Plan de Salud Mental presentado recientemente por el macrismo, que consiste en cerrar los hospitales Borda, (neuropsiquiátrico de hombres) y el Moyano (de mujeres) para reemplazarlos por un sistema de atención descentralizado con centros de internación más chicos plantea serias dudas. Por lo pronto, sólo anunciaron unas 980 plazas entre hospitales de día de atención ambulatoria e internaciones intermedias en “casas de medio camino" y "familias sustitutas”.
En un reciente debate sobre Propuestas para Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que participaron, entre otros, la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro de Profesionales en Salud Mental se concluyó que las propuestas enunciadas por el Gobierno de la Ciudad desconocen la intersectorialidad del tema y continúan con un esquema “custodial” de los pacientes sosteniendo el prejuicio de la peligrosidad de las personas que padecen mentalmente, a la vez que denuncia la desfinanciación de los actuales hospitales que siguen teniendo personal trabajando "ad-honorem".
El plan macrista, nadie debería sorprenderse por ello, tiene un claro sesgo privatizador. Lo peor del caso es que la tan mentada “desmanicomialización” ya fracasó en California y Río Negro. En California los pacientes se terminaron convirtiendo en “homeless” (sin hogar) y la Provincia de Río Negro manda sus "locos" a la vecina Neuquén. Además, nuevamente, el fantasma de un mega proyecto inmobiliario sobrevuela el plan macrista de “desmanicomialización” toda vez que la Corporación Buenos Aires Sur tiene sus ojos puestos en las 57 hectáreas que ocupan estos hospitales en el barrio de Barracas…
Diferentes informes generados por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) desde 2002 vienen alertando de los que podemos calificar como un escenario de colapso del sistema de salud mental estatal donde la ley se viola sistemáticamente. En el 2003, la investigación llevada a cabo por el AGCBA en hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad daba cuenta de “internaciones prolongadas innecesariamente (que) producen mayor deterioro en la salud mental y física del paciente, lo aíslan de su medio social y convierten su estado en crónico, además de atentar contra sus derechos humanos y sociales”. Por supuesto, el último informe vuelve sobre la “cronificación” de los enfermos que el sistema termina promoviendo contra lo que representa el principio de cualquier tratamiento psiquiátrico, es decir, reinsertar al paciente a la vida cotidiana.
El informe de la Auditoria da cuenta de situaciones como la de pacientes con conductas abusivas que están internados en salas con personas cuya estructura psicológica los expone a situaciones de riesgo, señala la falta de trabajo interdisciplinario para lograr la resocialización y la reinserción y las altas tasas de re-internaciones sucesivas (alrededor del 50%). Exceso de camas, hacinamiento en las salas dormitorios, obsolescencia edilicia y del equipamiento, instalaciones eléctricas obsoletas, goteras y filtraciones de los techos, humedad de cimientos y cañerías rotas, falta de vidrios en los ventanales y falta de sistemas de calefacción y de ventilación adecuados, cielorrasos a punto de colapsar y lozas con estructuras vencidas, graves falencias de accesibilidad y de seguridad son sólo algunos de los “detalles” señalados por la Auditoria respecto de las “bondades” del sistema de salud mental capitalino.
Sin embargo, detrás de esta calamidad se esconde otra: la de la corrupción. Contradicciones en sus registros estadísticos, registros patrimoniales poco confiables y un mal manejo del control del stock de los medicamentos son casi parte del folclore de los neuropsiquiátricos.
Si sumamos los pacientes del Borda, el Moyano y el Tobar García, la cifra de pacientes internados supera los 2300 y existe un centenar más repartido entre el Álvarez, el Alvear y el Piñero. Un 10% de los internados superan los 25 años de encierro y más de un 25% ya supera los 10 años de internación. Alrededor de un 17% siguen residiendo en los neuropsiquiátricos por falta de vivienda o una familia que los contenga. En este sentido, el Plan de Salud Mental presentado recientemente por el macrismo, que consiste en cerrar los hospitales Borda, (neuropsiquiátrico de hombres) y el Moyano (de mujeres) para reemplazarlos por un sistema de atención descentralizado con centros de internación más chicos plantea serias dudas. Por lo pronto, sólo anunciaron unas 980 plazas entre hospitales de día de atención ambulatoria e internaciones intermedias en “casas de medio camino" y "familias sustitutas”.
En un reciente debate sobre Propuestas para Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que participaron, entre otros, la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro de Profesionales en Salud Mental se concluyó que las propuestas enunciadas por el Gobierno de la Ciudad desconocen la intersectorialidad del tema y continúan con un esquema “custodial” de los pacientes sosteniendo el prejuicio de la peligrosidad de las personas que padecen mentalmente, a la vez que denuncia la desfinanciación de los actuales hospitales que siguen teniendo personal trabajando "ad-honorem".
El plan macrista, nadie debería sorprenderse por ello, tiene un claro sesgo privatizador. Lo peor del caso es que la tan mentada “desmanicomialización” ya fracasó en California y Río Negro. En California los pacientes se terminaron convirtiendo en “homeless” (sin hogar) y la Provincia de Río Negro manda sus "locos" a la vecina Neuquén. Además, nuevamente, el fantasma de un mega proyecto inmobiliario sobrevuela el plan macrista de “desmanicomialización” toda vez que la Corporación Buenos Aires Sur tiene sus ojos puestos en las 57 hectáreas que ocupan estos hospitales en el barrio de Barracas…
M.S.
Programa del 8 de mayo de 2008.
N.d.A.: El hospital neuropsiquiátrico de mujeres Braulio Moyano fue allanado a principios de diciembre del 2005 por la Justicia Federal, que investigaba si algunas pacientes recibieron medicamentos en forma experimental sin consentimiento. Los internados se utilizaban como conejillos de indias para probar en ellos un neuroléptico de laboratorios Pfizer y todas las autoridades de salud conocían de estos experimentos. Los propios pacientes firmaban el consentimiento de la prueba y el laboratorio Pfizer pagaba varios miles de dólares por cada uno… Los experimentos se realizaban también en el Borda, el Tobar García, el Alvear y el Rivadavia [2].
Todos lo sabían, sin embargo la denuncia de dichas experimentaciones, sumada a la de la supuesta red de prostitución que operaría en el Moyano, sirvió para intervenir el neuropsiquiátrico y comenzar el proceso que hoy se está instrumentando [2]. La furia “demanicomializadora” viene de la mano de enormes intereses inmobiliarios, pero desde mucho antes que asumiera Mauricio Macri…
[1] Resolución 46/119 de la Asamblea General de la ONU http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/68_sp.htm
[2] Ver en este mismo blog la nota titulada “CURADOS DE ESPANTO”
http://pllradio.blogspot.com/2007/10/curados-de-espanto.html
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